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En los últimos años la palabra colusión se ha vuelto recurrente en las conversaciones de maulinos y chilenos en general. Una conducta de la cual todos hemos sido víctimas por cuanto afectó la comercialización de productos altamente sensibles para la ciudadanía como los remedios, o de consumo masivo como el papel higiénico y el pollo, entre otros.

Un flagelo que según el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Talca, Rodrigo Saens, básicamente se expresa de dos formas.

“Una es cuando las empresas acuerdan cantidades de producción, es decir, se reparten cuotas del mercado que es lo que pasó con el caso de los pollos, mientras que la segunda es lo que ocurrió cuando ejecutivos de tres farmacias, las más importantes de Chile, se coordinaban para fijar los precios de los medicamentos”, explicó.

El especialista dijo que en ambos escenarios el objetivo es el mismo: proceder como si se tratara de una sola empresa.

“O sea son dos, tres cuatro compañías que tratan de actuar como una especie de monopolio, como un cartel, fijando cuotas de producción o acordando aumentar el valor de venta al público para incrementar el volumen de utilidades para los concertados”, detalló.

“PORTONAZO”

Lo anterior a juicio del presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), Hernán Calderón, hace que la colusión sea un verdadero “portonazo al bolsillo” de las personas.

“Cuando quienes tienen el control absoluto del mercado se ponen de acuerdo pueden fijar el precio que quieren y pueden perjudicar en gran magnitud al consumidor, quienes terminan pagando precios muy, muy superiores a los que habría si el mercado en realidad fuera competitivo”, expuso.

Una situación que según indicó el profesor Saens, atenta contra la esencia del sistema de libre mercado por el cual se rige nuestra economía.

“Uno de los pilares básicos para que funcione de manera eficiente es que exista competencia. En ese sentido, cualquier mercado donde ésta falte es lo que se conoce en teoría económica como una ‘falla’, que aquí se exacerba por la situación antes descrita”, planteó.

Hernán Calderón coincidió con lo expuesto por el investigador de la UTALCA. “La colusión es negar la competencia, y también impide que el consumidor pueda elegir libremente. Es, probablemente, lo más grave que puede suceder en una economía de mercado”, añadió.

DELITO

Producto de los reiterados casos de este tipo que se registraron en el país y con el fin de perfeccionar el sistema de defensa de la libre competencia, en agosto de 2016 comenzó a regir la Ley 20.945, que modificó la normativa que, hasta esa fecha regulaba, la materia: el Decreto Ley 211.

“Uno de los cambios más relevantes fue que introdujo el delito de colusión”, comentó el profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTALCA, Osvaldo Artaza.

“A través de esta figura se sanciona con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo -es decir, desde 3 años y un día a los 10 años- a quienes celebren u ordenen celebrar, ejecuten u organicen un acuerdo que involucre a dos o más competidores entre sí, para fijar precios de venta o de compra de bienes o servicios en uno o más mercados; limitar su producción o provisión; dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; o afectar el resultado de licitaciones realizadas por empresas públicas, privadas prestadoras de servicios públicos, u órganos públicos”, precisó el académico.

En cuanto a los motivos que llevaron a la autoridad a criminalizar esta conducta, el especialista dijo que quedaron claramente señalados en el mensaje que dio inicio al procedimiento legislativo que terminó con la promulgación de la citada Ley, contenido con el jurista recordó.

“Se estableció que la defensa de la libre competencia es esencial para el desarrollo de Chile. Ella garantiza la existencia de mercados en los cuales impere una competencia basada en los méritos, que permita que las empresas ofrezcan bienes y servicios de mejor calidad, mayor variedad, innovadores y al menor precio posible. Asimismo, propicia una sociedad más justa y democrática, en la cual exista confianza en los mercados y en que quienes cuenten con poder económico no se aprovechen del mismo para cometer abusos que generan serios daños a todos los chilenos”, evocó.

IMPACTO

Pero el perjuicio monetario no es la única consecuencia que este delito tiene para las personas.

“La colusión en sí conlleva un aspecto negativo. Creo que los últimos casos que han salido a la luz pública, como el ‘cartel del confort’ que fue uno de los más divulgados en medios y redes sociales, lo único que hacen es aumentar la desconfianza de la gente en las instituciones, coloca al ciudadano en un injusto grado de inseguridad y enloda el trabajo correcto y productivo de cientos de empresas que optan por no actuar con malas prácticas”, comentó el seremi de Economía, Fomento y Turismo del Maule, Patricio Domínguez.

El presidente de Conadecus fue aún más severo en cuanto a las secuelas que estos casos han dejado en la sociedad chilena.

“Tiene un impacto que no solo se siente en el bolsillo del consumidor, sino que en la imagen de las empresas y en la desconfianza que empiezan a suscitar las iniciativas empresariales y, principalmente, en las grandes empresas que son las que tienen el poder de coludirse, porque aquí si se coluden dos pymes es como la nada, no resulta”, indicó.

“En consecuencia, empieza a haber desconfianza, el empresariado tiene poca credibilidad y las imágenes corporativas se derrumban, eso hace de que los ciudadanos creamos cada día menos en su comportamiento”, aseveró.

El impacto de lo anterior ya está siendo recogido por diversos analisis, entre ellos, uno realizado por el Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la UTALCA que examinó cómo están influyendo en los maulinos este tipo de casos, así como de otros relacionados con corrupción. “El daño a la confianza de las personas se produce cuando se sienten engañadas o cuando sienten que no se está cumpliendo con los acuerdos y compromisos mutuos”, constató el informe.

CAUSAS

Si bien los episodios más emblemáticos -por la amplia cobertura mediática que tuvieron- involucraron a las farmacias, pollos y el papel tissue, no son los únicos que han sacudido el mercado chileno, donde también se han registrado denuncias relacionadas con los pañales, refrigeradores, transporte de buses y navieras.

Al indagar en el porqué de esta tendencia, el presidente de Conadecus apuntó a los altos niveles de concentración que existen en Chile.

“Principalmente, el problema de la economía chilena tiene que ver que son duopolios (solo dos actores dominan el mercado) u oligopolios (pocos actores controlan el mercado), no tenemos más. Entonces cuando dos o tres tienen el control del mercado la colusión es muy fácil, porque son muy pocos”, apuntó.

Pero en términos de opinión ciudadana el diagnóstico es aún más crítico, como reveló el citado estudio del Ceoc que al consultar a los maulinos cuáles creen que son las razones de que se presenten casos de colusión en Chile, el 58,9% declaró que “porque los políticos protegen a las empresas”.

MEDIDAS

En un entorno tan complejo, el seremi de Economía destacó los pasos que la autoridad ha ido tomando para frenar la eventual ocurrencia de nuevos casos de colusión.

“La principal medida impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es la promulgación de la Ley 20.945, que fortaleció el sistema de defensa de la libre competencia, otorgando mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y estableciendo penas de cárcel para quienes incurran en acciones de colusión”, indicó Patricio Domínguez.

De esta forma, según la autoridad regional, “hoy contamos con una buena Ley que facultó a la FNE con el instrumento de poder realizar estudios de competitividad de los mercados y podrán establecer sanciones a quienes entorpezcan estas investigaciones. Ahí hay una medida que nos podría permitir detectar a tiempo u oportunamente una acción de colusión por parte de algún actor del mercado”.

A su vez, el seremi mencionó que también “hay un trabajo paralelo que lleva adelante Carabineros de Chile, la Policía de investigaciones, las denuncias ciudadanas que estarían en la línea de poder detectar estas irregularidades con mayor prontitud”.

No obstante, pese a reconocer los avances, el presidente de Conadecus señaló que como organismo promueven cambios más profundos, que aún no son recogidos por la autoridad.

“Debiera considerarse el establecimiento de cuotas máximas de mercado para las empresas, de tal manera de garantizar una cantidad  mínima de actores, como ocurre en países como Estados Unidos donde nadie puede tener más del 15% del mercado, lo cual garantiza que al menos hay siete actores, eso le da competencia”, dijo el dirigente, quien también subrayó la necesidad de fortalecer -tanto en recursos, atribuciones y personal- a la Fiscalía Nacional Económica.