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Cuando el Metro de Santiago anunció que con la implementación de un nuevo sistema de pago los adultos mayores podrían acceder solo a 14 viajes a precio rebajado durante la semana, se desató una gran polémica.

Numerosas agrupaciones levantaron la voz reclamando que la medida no solo limitaría sus posibilidades de traslado, sino que, además, demostraba indiferencia respecto de la realidad que enfrenta este grupo etario de forma cotidiana.

“No lo pedimos por capricho, sino por necesidad. Al tener pensiones muy bajas gastamos buena parte de los ingresos solo en movilizarnos“, dijo Gladys Fernández, presidenta de la corporación “Marcha de los Bastones”.

“La gente lo rechaza terminantemente, porque tiene que ir a los hospitales, a ver a un enfermo, cuando tienen que hacerse una curación tienen que volver dos o tres veces”, agregó el representante de la Unión de Pensionados de Chile, Francisco Iturriaga.

Si bien a través de un anuncio presidencial se anuló la medida e incluso se liberó el número de traslados a los cuales podrían acceder, lo ocurrido permitió evidenciar un nuevo plano de violencia hacia los adultos mayores que proviene de la sociedad, e incluso del Estado y sus instituciones.

TIPOS

“El maltrato se expresa en distintas formas”, explicó la experta Independiente de la Organización de las Naciones Unidas en el tema de Derechos Humanos para las Personas Mayores, Rosa Kornfeld.

“Existe el de tipo físico y psicológico, pero hay otros maltratos que la gente no sabe que lo son y por eso los hace, por ejemplo, el abandono, hay muchas personas que dejan a los adultos mayores en hospitales o centros de larga estadía y nunca más los va a ver. También existe el maltrato económico, en el cual algunos se quedan con la pensión, la casa o con una herencia de ese adulto”, explicó.

En cuanto a las causas que llevan a esa situación la especialista apuntó a los prejuicios y falta de entendimiento respecto de lo que implica llegar a la tercera edad.

“Muchas veces se cree que porque la persona está vieja ya no sirve, entonces la ven como un objeto y no como un sujeto con derechos”, expresó.

El director del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Rubén Valenzuela, coincidió en el problema cultural respecto de cómo se percibe la vejez.

“Para combatir el maltrato tenemos que cambiar nosotros mismos, y eso significa ir generando las condiciones que permitan que desde la pequeña infancia, desde cuando parte la socialización, el reconocimiento y respeto hacia las personas mayores”, reflexionó.

MALTRATO ESTRUCTURAL

A esta problemática que se observa en la relación entre las personas, se suma otra que se da a nivel institucional.

“Existe un ‘maltrato estructural’ que es aquel que ocurre en y desde la sociedad hacia los adultos mayores. Tiene aspectos culturales, jurídico, económicos, legislativos, legales, es decir, son situaciones más bien societarias, que no dicen relación con una cuestión particular o específica, sino que son estructurales ya que parten desde la propia comunidad”, afirmó la académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Carolina Riveros.

La profesional, quien lidera la investigación “El maltrato estructural a las personas mayores en Chile. Formulación de un índice multidimensional”, que parte sobre la base de que en nuestro país el ordenamiento jurídico, económico y social, “propicia la violencia sistemática ejercida en contra de las personas mayores”.

Sobre la forma en que se manifiesta este fenómeno, Riveros señaló que “es cuando se actúa de manera tal que a nivel social el mensaje que se transmite es ‘ah usted es viejo, no sirve, quédese en su casa’. Por ejemplo, hay una norma que permite que al llegar a cierta edad a los trabajadores que reciben el mínimo se les pague un tercio de sueldo menos. Entonces estamos frente a una discriminación que no se justifica, pero que parte desde el propio Estado, como fue el simbólico caso del Metro”.

Añadió que situaciones similares también se observan en otros planos. “En el ámbito cultural se cree que la gente mayor no participa cuando en realidad son el grupo que más lo hace, y que también está más interesada en política, en organizaciones de tipo vecinal, y eso es muy importante para la mejor calidad de vida del envejecimiento, tener participación con otros actores”, aseveró.

Por tratarse de una arista que está comenzando a ser analizada, la información que existe sobre el mismo es limitada.
Con ese desafío en mente, el equipo de la UTALCA se encuentra trabajando en el diseño de un indicador –el primero de su tipo en el país- que ayude a identificar el nivel de vulnerabilidad al que se enfrenta cada una de estas personas.

“Generaremos una herramienta, denominada Índice Multidimensional de Maltrato a los Adultos Mayores (IMMAM), que ayudará a medir este fenómeno para contribuir a mejorar la planificación cualitativa y cuantitativa de las políticas públicas, así como permitir su evolución a través de la aplicación de esta herramienta”, precisó.

Para abarcar las diversas aristas, el estudio cuenta con profesionales de las Facultades de Economía y Negocios y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Casa de Estudio.

“La mayoría de las investigaciones relacionadas con los adultos mayores está en el ámbito de la salud. Nosotros estamos yendo más allá y haciendo un análisis que involucra el maltrato desde el punto vista financiero y jurídico”, planteó la subdirectora del proyecto, Patricia Rodríguez.

Rubén Valenzuela valoró el desarrollo de la iniciativa para mejorar la comprensión sobre las condiciones adversas que deben enfrentar quienes llegan a la tercera edad.

“Muchas veces uno piensa que el maltrato se da de una manera y quizás hay una serie de indicadores que, en la medida en que uno tiene la capacidad de conocerlo, puede atender lo que es la problemática en relación a ello”, opinó el director del Senama.

CONVENCIÓN

En junio del año 2015 Chile suscribió la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En marzo de 2017 fue aprobada por el Congreso de manera unánime, y actualmente está en proceso de ratificación en la Organización de Estados Americanos (OEA) para luego ser promulgada en nuestro país.

Dicho documento asegura y garantiza 26 derechos específicos de las personas mayores, como por ejemplo, el de igualdad, la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, entre otros.

“El primer derecho que hay es la no discriminación por edad, o sea, no se puede discriminar para trabajar, ni para salud ni para lo que sea, ese es un primer punto importantísimo, después derechos a la salud, techo, etcétera”, destacó Rosa Kornfeld.

La especialista añadió que la Convención también considera “que las leyes de los países tienen que adaptarse a estos derechos que han sido aprobados y si no se cumplen por alguna razón, los adultos mayores pueden incluso llevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En esa línea, la profesora Carolina Riveros explicó que si bien en términos generales los derechos a los que hace referencia la Convención ya están reconocidos en nuestra Carta Fundamental, “será un empuje para avanzar hacia una toma de conciencia de que los AM son tan ciudadanos como los demás y deben gozar de los mismos derechos de autonomía que todas las personas”.

“Va a significar un cambio en el sentido de que se van a tener que restructurar ciertas instituciones jurídicas. Además es importante también la modificación de orden cultural que debe hacerse, y también hay un tema de educación desde niños, en orden a generar más conciencia de lo que son los temas de gerontología, por lo tanto eso va a implicar un nuevo impulso -o uno mucho más sólido- en torno a la preocupación de los adultos mayores en Chile”, subrayó.

Cabe mencionar que, tras aprobar la Convención, Chile se transformó en el tercer Estado, después de Uruguay y Costa Rica, en disponer de un instrumento vinculante que permitirá mejorar las políticas orientadas a las personas mayores, en un contexto de igualdad, dignidad, participación social y protección de sus derechos.